Integrantes de la plataforma se han reunido con las parlamentarias Inmaculada Nieto (IU) y Lucía Ayala (Podemos) para trasladar a estos grupos la necesidad de que se haga público el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia en Sevilla.

La ‘Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla’ continúa su trabajo para recuperar el patrimonio público inmatriculado ilegítimamente por la Iglesia y se ha reunido con representantes políticos de Podemos e Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía. Una reunión en la que se les ha presentado el trabajo realizado hasta ahora y se ha pedido a estos grupos que presionen a la Junta para que se haga público el listado de bienes inmatriculados.

Hace días la Plataforma se dirigió a la Junta y todavía no ha recibido ninguna respuesta. El 14 de junio la Plataforma registró una carta en el palacio de San Telmo para reclamar una reunión con la presidenta de la Junta de Andalucía “para poder abordar la problemática concreta de Sevilla y afrontar las actuaciones que sean necesarias para recordar el deber legal de las Administraciones Públicas de velar por el patrimonio cultural y arquitectónico y por el cumplimiento de la ley”, así como que se “haga público el listado de bienes inmatriculados por la jerarquía de la Iglesia Católica en nuestra Comunidad Autónoma y a que cumplan con su deber de conservar y proteger el patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de Andalucía”.

En esta reunión con Ayala y Nieto, la ‘plataforma’ han arrancado el compromiso de ambas fuerzas políticas de instar al Estado, a través del Parlamento Andaluz, para que se solicite dicho listado a los registradores de la propiedad. Una petición que, desde la plataforma, consideran que llegan un momento “oportuno y preciso. El cambio de gobierno es un plus para intensificar la lucha para revertir las inmatriculaciones”.

Por último, la Plataforma se ha mostrado convencida de las posibilidades de empezar a dar marcha atrás a la inmatriculaciones en Sevilla después de conocer que la Audiencia Provincial de Mallorca ha fallado a favor del Ayuntamiento de Arta y ha puesto fin a la inmatriculación de las murallas del pueblo, además de condenar a la Iglesia a que se respete el dominio, que se cancele la inmatriculación y el pago de las costas del proceso judicial.