Gracias al privilegio que la jerarquía católica tiene para inscribir inmuebles a su nombre, entre otros edificios, denuncian que la jerarquía eclesiástica se ha apropiado de la Giralda, la catedral y el patio de los Naranjos por solo 30 euros, las tasas del Registro de la Propiedad.

En el escrito entregado en el palacio de San Telmo, la plataforma ha exigido tanto una reunión con la presidenta de la Junta de Andalucía “para poder abordar la problemática concreta de Sevilla y afrontar las actuaciones que sean necesarias para recordar el deber legal de las Administraciones Públicas de velar por el patrimonio cultural y arquitectónico y por el cumplimiento de la ley”, como que la Junta de Andalucía “haga público el listado de bienes inmatriculados por la jerarquía de la Iglesia Católica en nuestra Comunidad Autónoma y a que cumplan con su deber de conservar y proteger el patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de Andalucía”.

En este sentido, la plataforma recuerda en su escrito que en el año 2010 “la Archidiócesis de Sevilla inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad” la Catedral de Sevilla por 30 euros. “La Giralda, el Patio de los Naranjos y la propia Catedral, dada su inmensa dimensión cultural, simbólica y patrimonial, deben ser administradas desde lo público y con la máxima transparencia”, reclaman desde esta plataforma.

Este conjunto patrimonial no es el único inmatriculado en la ciudad en “este proceso totalmente ilegítimo”, ya que atenta contra la igualdad ante la ley y contra la aconfesionalidad del Estado. “Cuando tachamos de ‘escándalo’ este proceso, no sólo es porque se hayan inmatriculado bienes de potencial uso religioso pero que pertenencen al Patrimonio de la Humanidad, sino que también se han inmatriculado bienes documentadamente públicos, como plazas, kioscos municipales, cementerios, murallas, castillos o directamente casas, locales comerciales, garajes, terrenos rústicos o caminos”, según se puede leer en el escrito.

Además, ante esta situación, apuestan por “la redacción de un Código de Buenas Prácticas, por consenso entre las administraciones públicas, académicas, ciudadanas y la Unesco, para evitar acciones que perjudiquen tanto a la imagen y significado del monumento, como a los intereses generales de Sevilla, Andalucía y España”.

Para terminar su comunicado, muestran su total respeto por el uso de los templos y las iglesias para el culto, pero exigen poner fin ”a que la jerarquía de la Iglesia se apropie de bienes inmuebles” que forman parte tanto del Patrimonio del Estado, como del pueblo español y al andaluz.